Pendientes medulares para la democracia: la reforma de los medios en México
Por Brisa Maya Solis / Ciudad de México*
La pluralidad informativa es un ingrediente fundamental para la democracia, ya que representa la posibilidad de la sociedad a acceder a los diversos puntos de vista y posiciones en el espacio público, así como un reto dado el acelerado cambio tecnológico y la clara concentración de medios en grupos empresariales.
En México, el 95% de los canales de televisión son controlados por dos televisoras, mientras que 13 familias concentran el 90% de las frecuencias de radio. A lo largo del periodo de hegemonía de un solo partido, que duró 71 años y concluyó en 2000, hubo una relación muy estrecha entre quienes gobernaban y los dueños con dos propósitos: por un lado para la explotación del espacio radioeléctrico y, por el otro, para generar líneas de contenidos informativos al servicio de quienes estaba a cargo de la conducción del país desde los espacios de gobierno. Esto ha generado en los últimos años una discusión importante sobre el tema en la que han participado los distintos poderes del estado, empresarios de la comunicación, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Y condujo, además, a que en en el marco del primer cambio de partido en el poder se abriera la posibilidad de generar un nuevo marco normativo para los medios y las telecomunicaciones.
Sin embargo quienes pensamos que eso se concretaría no sólo fuimos ilusos en creer que habría posibilidades de un marco normativo, sino que quedamos asombrados de la forma en la que transcurrió la discusión y los resultados. En un primer momento, frente a las mesas de trabajo con el poder ejecutivo, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, los especialistas que discutíamos los parámetros necesarios para una reforma integral nos enfrentamos a un hecho inesperado: el entonces presidente de la república, Vicente Fox, emitió un decreto que permitió a los medios reducir los tiempos que las empresas de radio y televisión colocaban por obligación al servicio público. Esto benefició a los empresarios porque era equivalente a una quita de impuestos. El colmo fue que en 2006, en vísperas de las campañas para las elecciones presidenciales, el poder legislativo se arrodilló frente los empresarios de los medios de comunicación y aprobó una legislación que fue llamada Ley Televisa, en virtud de que fue un legislador y abogado de la empresa con ese nombre -el de una de las televisoras duopólicas- quien cabildeo y diseñó la iniciativa. Con ella se permitía a las grandes empresas de los medios de comunicación renovar sus concesiones de manera «automática», sin tomar en cuenta la necesidad de generar las condiciones de pluralidad informativa indispensables para el ejercicio de la libertad de expresión no sólo de los medios, sino de la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, el promotor de dicha ley fue puesto al frente del nuevo órgano que se encargaría de las concesiones y permisos.
En respuesta, un grupo de legisladores promovió un recurso jurídico para declarar la invalidez de la misma, basándose en las contradicciones que se generaron con el marco constitucional. Y tuvieron éxito: la Suprema Corte declaró inválidas algunas de las reformas. Sin embargo, como dice un amigo: el poder judicial tiene el borrador, pero no el lápiz. Era necesario rehacer la ley y las modificaciones fueron regresadas al legislativo, quien tiene la tarea de ajustar el marco jurídico en ambas materias (de acuerdo a los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión) y de asegurarse de atender los resolutivos establecidos por la SCJN.
Ante el fin del plazo, si bien el poder legislativo generó espacios de discusión y consulta, al mismo tiempo no parece tener claro cómo concluirán los trabajos, ni cuáles son las directrices para una nueva ley que garantice la pluralidad informativa y la transparencia en las concesiones y permisos, ni la importancia de reconocer la figura de los medios comunitarios.
Durante este recorrido ha habido acercamientos y enfrentamientos entre los empresarios, el poder ejecutivo, el poder judicial, los partidos políticos y hasta de los propios comunicadores, sin embargo, desde los grupos de la sociedad civil, la posición ha sido la misma frente a todos ellos: la necesidad de un marco acorde a la discusión sobre la democracia, en la que es necesario generar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y ello pasa por crear las condiciones de la pluralidad informativa. Esperaremos en los próximos días si hay algún resultado para esta otra etapa de discusión.
*Brisa Maya Solís es directora del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), un organismo de la sociedad civil.
Mundo Abierto 
Como todos saben, al gobierno venezolano se lo criticó mucho por no renovar la licencia a RCTV; sin embargo, la posición es más o menos la misma que expresa Maya en este post: la necesidad de que la lesgislación garantice la pluralidad informativa, transparencia en las concesiones y se le dé fuerza a los medios comunitarios.
El año pasado, a propósito de la exitosa impugnación de las Ley Televisa, leí comentarios de columnistas reconidos -Germás Dehesa, por ejemplo- que señalaban la importancia de hacerle saber a las televisoras que las concesiones no son eternas…
Si esas opiniones las hubiese emitido un funcionario venezolano lo habrían enviado a la hoguera, pero como no era así, a los medios tampoco les latía mucho eso de darle tanta publicidad a este tipo de opiniones…
Mingus
28 marzo, 2008
Es que así pasó Domi, aquí, a los que dijeron eso, los enviaron a la hoguera. Las televisoras los lincharon públicamente y sin darles derecho ni a quejarse.
Témoris
28 marzo, 2008
Las televisoras se erigieron victimas y en el colmo absoluto en juez jurado y verdugo = (
Teresita
28 marzo, 2008