La propaganda de cada día

Posted on 12 agosto, 2008. Filed under: Manuel Ulloa -París | Etiquetas: , , , |

Manuel Ulloa / Paris

 

Todos los días nos tenemos que chutar frases y fórmulas idiomáticas que nos suenan huecas y falsas. Sin embargo, terminamos por aceptarlas y a menudo se cuelan insidiosamente en nuestro vocabulario. Son términos que poco tienen que ver con el lenguaje de la calle y su sana costumbre de llamar a las cosas por su nombre ; están íntimamente asociados con la clase política, los medios masivos de comunicación y el mundo empresarial. Un lenguaje impulsado por economistas neoliberales y publicicistas, cuya función principal es enmascarar o escandalizar, segun convenga, y que tiene en los medios de comunicación —que repiten y amplifican ad nauseam dichas fórmulas— a su aliado principal.

 

Reformas, ideología, crisis, gobernabilidad, crecimiento, previsiones, Estado de derecho, los que menos tienen, son sólo algunos ejemplos de términos y frases que sirven para eludir la realidad y vehicular un discurso adormecedor. La palabra reforma (que suele acompañarse del adjetivo estructural) sirve a menudo para encubrir alguna modernización de corte neoliberal ; se presenta siempre como indispensable para salir de una crisis (pasajera, por naturaleza) que se debe a la caída del crecimiento económico. Este último, solución a todos los males, responde a factores (de preferencia externos)sobre los cuales no se tiene bastante margen de maniobra, por lo que acaban siendo casi mágicos. Las previsiones (oráculos modernos) resultan extremadamente complejas y son dictadas por expertos asesores que rara vez le atinan a algo. Al final del día, los efectos negativos (pérdida de poder adquisitivo, carestía, devaluación) de las crisis recaen en los que menos tienen… la gente más jodida y explotada, en buen cristiano.

 

En México tenemos la suerte de contar con Carlos Monsiváis, un cronista genial que lleva décadas « documentando nuestro optimismo », consignando detalladamente las intrusiones de este lenguaje en la prensa, radio y televisión, develando con su fina ironía lo que se esconde detrás de él. La vigilancia constante de los usos del lenguaje es indispensable para contrarrestar esta que es una de las armas más eficaces del Poder para mantener el orden y mitigar las protestas sociales : « la propaganda de cada día », como la llama el editor francés Eric Hazan en su librito llamado LQR. La propagande du quotidien. 

 

Recientemente, durante los Foros de debate en el Senado mexicano de las iniciativas petroleras de Calderón, asistimos a un festival de fórmulas de este tipo. La más conocida  sigue siendo aquella de Reforma energética, pomposa y falaz manera de llamar a los ajustes privatizadores en la industria petrolera que pretende el Ejecutivo, pero la lista de frases dudosas ahí ventiladas ha sido larga : Modernización de PEMEX por desarticulación de la empresa, fortalecimiento del sector petrolero por entrada de capital privado en actividades estratégicas, contratos de desempeño por contratos de riesgo. Se trata de eufemismos tendientes a limar asperezas, suscitar consenso, borrar inquietudes. Se maquilla la realidad en el podium para acallar las críticas, mientras se prepara el saqueo tras bambalinas. Se hace todo por excluir el término privatización de las iniciativas y cuando el eufemismo no basta para convencer, no se duda en recurrir al cinismo. De hecho, son las dos caras de una misma moneda. Por eso los panistas pueden insultar la inteligencia de todo México jurando, con la mano en la Biblia, que las iniciativas de Calderón no privatizan a PEMEX.

 

Por desgracia, nuestra cotidianidad está tan inmersa en este lenguage facticio que lo anterior no es más que un botón en la mercería. ¿Cuántas frases de este tipo no conocerán ustedes ? Si las juntamos daría para hacer un léxico de neoliberalismos, ¿no creen?

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¿Libertad de expresión o terrorismo mediático?

Posted on 4 abril, 2008. Filed under: Domingo Medina -Caracas | Etiquetas: , , |

Domingo Medina / Caracas

La semana pasada se llevaron a cabo dos eventos en Caracas cuyo tema central eran los medios de comunicación. El primero de ellos fue la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); el otro fue el Encuentro Latinoamericano Vs. el Terrorismo Mediático, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela y al cual asistieron reconocidos académicos de todo el continente. Las conclusiones de la reunión de la SIP eran más o menos predecibles; las del Encuentro Latinoamericano un poco también. Pero hay matices.

El informe de la SIP señala que en los últimos seis meses “la libertad de prensa sufrió un declive preocupante en las Américas manifestado por procesos legales y dictámenes judiciales contra los medios, así como por el aumento de la violencia contra los periodistas”. Hugo Chávez y su gobierno ocuparon lugar destacado en las conclusiones de la organización que agrupa a los dueños de los medios de todo el continente –y en cuya junta directiva figura un solo latinoamericano, de la familia Santos, dueños de El Tiempo de Colombia-, cuyo documento final señala que Paraguay fue el país que más ataques verbales registró contra los medios, pero ataques similares se observaron en Uruguay, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Argentina.

Por su parte, el encuentro organizado por el ministerio venezolano llamaba la atención sobre el uso de los medios y la información como armas políticas en el derrocamiento y/o desestabilización de los gobiernos de “países como Guatemala, Argentina, Chile, Brasil, Panamá, Grenada, Haití, Perú, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Uruguay y Venezuela”. Destacó este encuentro la consideración de “la información como un derecho fundamental y no como una mercancía, […] un derecho fundamental de los pueblos [que por lo tanto] debe ser objeto de políticas públicas permanentes”.

A mi me llamó particularmente la atención el hecho de que Eleazar Díaz Rangel, director de Últimas Noticias, principal diario de circulación en Venezuela, participara en el Encuentro Latinoamericano Vs. el Terrorismo Mediático y no en la reunión de la SIP (claro que él no es dueño del periódico). También que fuera Díaz Rangel el que elevara la propuesta de que los representantes de los distintos países en la OEA hicieran un estudio acerca de la participación de los medios en las campañas electorales de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, entre otros. No tengo ni qué decir que en todos los casos la cobertura fue absolutamente desequilibrada (ni en contra de quién).

Me llama la atención, asimismo, que desde la SIP se insista en descalificar a ciertos gobiernos por sus “ataques a la libertad de expresión”, mientras que se dejan pasar bajo la mesa los ataques y las amenazas más que ciertas a periodistas en otros lados. Ataques y amenazas que en muchas ocasiones les cuestan la vida a los periodistas, pero que no son del interés de la SIP. Por eso, en la reunión de los dueños de los medios no hubo ni una sola palabra, por ejemplo, de los casos de Lydia Cacho y Carmen Aristegui, para no ir más lejos.

Lo que me queda claro es que los medios vinieron a saber lo que saben hacer: defender su negocio y tratar de elevar las ventas. Si de paso pueden ayudar a tumbar un gobierno –cualquiera- que no es de su agrado, pues mejor que mejor. El Encuentro Latinoamericano, por su parte, puso en evidencia que no se trata de paranoias chavistas sino de entrarle seriamente al debate sobre los medios.

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Pendientes medulares para la democracia: la reforma de los medios en México

Posted on 28 marzo, 2008. Filed under: Invitados | Etiquetas: , |

Por Brisa Maya Solis / Ciudad de México*

La pluralidad informativa es un ingrediente fundamental para la democracia, ya que representa la posibilidad de la sociedad a acceder a los diversos puntos de vista y posiciones en el espacio público, así como un reto dado el acelerado cambio tecnológico y la clara concentración de medios en grupos empresariales.

En México, el 95% de los canales de televisión son controlados por dos televisoras, mientras que 13 familias concentran el 90% de las frecuencias de radio. A lo largo del periodo de hegemonía de un solo partido, que duró 71 años y concluyó en 2000, hubo una relación muy estrecha entre quienes gobernaban y los dueños con dos propósitos: por un lado para la explotación del espacio radioeléctrico y, por el otro, para generar líneas de contenidos informativos al servicio de quienes estaba a cargo de la conducción del país desde los espacios de gobierno. Esto ha generado en los últimos años una discusión importante sobre el tema en la que han participado los distintos poderes del estado, empresarios de la comunicación, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Y condujo, además, a que en en el marco del primer cambio de partido en el poder se abriera la posibilidad de generar un nuevo marco normativo para los medios y las telecomunicaciones.

Sin embargo quienes pensamos que eso se concretaría no sólo fuimos ilusos en creer que habría posibilidades de un marco normativo, sino que quedamos asombrados de la forma en la que transcurrió la discusión y los resultados. En un primer momento, frente a las mesas de trabajo con el poder ejecutivo, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, los especialistas que discutíamos los parámetros necesarios para una reforma integral nos enfrentamos a un hecho inesperado: el entonces presidente de la república, Vicente Fox, emitió un decreto que permitió a los medios reducir los tiempos que las empresas de radio y televisión colocaban por obligación al servicio público. Esto benefició a los empresarios porque era equivalente a una quita de impuestos. El colmo fue que en 2006, en vísperas de las campañas para las elecciones presidenciales, el poder legislativo se arrodilló frente los empresarios de los medios de comunicación y aprobó una legislación que fue llamada Ley Televisa, en virtud de que fue un legislador y abogado de la empresa con ese nombre -el de una de las televisoras duopólicas- quien cabildeo y diseñó la iniciativa. Con ella se permitía a las grandes empresas de los medios de comunicación renovar sus concesiones de manera “automática”, sin tomar en cuenta la necesidad de generar las condiciones de pluralidad informativa indispensables para el ejercicio de la libertad de expresión no sólo de los medios, sino de la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, el promotor de dicha ley fue puesto al frente del nuevo órgano que se encargaría de las concesiones y permisos.

En respuesta, un grupo de legisladores promovió un recurso jurídico para declarar la invalidez de la misma, basándose en las contradicciones que se generaron con el marco constitucional. Y tuvieron éxito: la Suprema Corte declaró inválidas algunas de las reformas. Sin embargo, como dice un amigo: el poder judicial tiene el borrador, pero no el lápiz. Era necesario rehacer la ley y las modificaciones fueron regresadas al legislativo, quien tiene la tarea de ajustar el marco jurídico en ambas materias (de acuerdo a los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión) y de asegurarse de atender los resolutivos establecidos por la SCJN.

Ante el fin del plazo, si bien el poder legislativo generó espacios de discusión y consulta, al mismo tiempo no parece tener claro cómo concluirán los trabajos, ni cuáles son las directrices para una nueva ley que garantice la pluralidad informativa y la transparencia en las concesiones y permisos, ni la importancia de reconocer la figura de los medios comunitarios.

Durante este recorrido ha habido acercamientos y enfrentamientos entre los empresarios, el poder ejecutivo, el poder judicial, los partidos políticos y hasta de los propios comunicadores, sin embargo, desde los grupos de la sociedad civil, la posición ha sido la misma frente a todos ellos: la necesidad de un marco acorde a la discusión sobre la democracia, en la que es necesario generar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y ello pasa por crear las condiciones de la pluralidad informativa. Esperaremos en los próximos días si hay algún resultado para esta otra etapa de discusión.

*Brisa Maya Solís es directora del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), un organismo de la sociedad civil. 

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Mediocracia, teletiranía: el poder de los medios

Posted on 22 enero, 2008. Filed under: Domingo Medina -Caracas | Etiquetas: , , |

Domingo Medina / Caracas

                

La semana pasada vi un programa en la TV titulado La otra mirada. Trataba el mismo acerca de cómo nos vemos los latinoamericanos, lo que generalmente es, en opinión del presentador –un profesor universitario de sociología- y yo diría que no le falta razón, con los ojos de los dominadores: ayer españoles (europeos en general) y hoy gringos. Casi en realidad no sabemos cómo nos vemos nosotros mismos, a partir de nosotros mismos. No quiero entrar a detallar mucho el programa, pero si diré que me gustó bastante.

Cuando lo veía también recordé un libro que leí hace poco: América Latina a través del espejo mediático español: el caso de Venezuela 2002- 2004. Se trata de un estudio –muy serio, en mi opinión- de un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se detalla cómo la prensa española cubrió algunos de los eventos de mayor impacto en la política venezolana de esos años: el golpe del 2002, el paro patronal y sabotaje petrolero, y el referéndum revocatorio del 2004. Casi ni tengo que decir que siempre se justificó el golpe (o el paro o el referéndum) y se criticó al gobierno. Tampoco lo voy a resumir aquí, porque en realidad lo que me interesa destacar es una cita que hace el autor de un artículo Pablo Antillano titulado “Mediocracia”. Entre otras cosas, el artículo decía cosas como estas:

  • En la democracia, los líderes son construidos a punta de obras y valores, en la mediocracia son construidos por asesores de imagen.
  • En la democracia, los líderes van a las comunidades; en la mediocracia, van a los programas de opinión.
  • En la democracia, los medios dicen lo que los ciudadanos piensan; en la mediocracia, los ciudadanos dicen lo que los medios piensan.

 […]

  • En la democracia se valoran los contenidos; en la mediocracia, los titulares.
  • En la democracia la información es una cosa, la opinión es otra, y la propaganda es otra; en la mediocracia no hay fronteras (Manipulación y controles globales. Antonio Pasquali).

[…]

  • Para la democracia, una masacre es un hecho luctuoso; para la mediocracia, es un espectáculo iterativo, una telenovela por entregas.

[…]

  • En las democracias litigan los abogados y los diputados; en la mediocracia litigan los entrevistadores.
  • En la democracia, los periodistas van tras los personajes; en la mediocracia, los personajes persiguen a los periodistas.

[…]

  • En la democracia se respeta la palabra de los militares; en la mediocracia, se graban.
  • En las guerras y en golpes de la democracia, los militares se disparan; en los de la mediocracia se filman y se editan. (La Guerra mediática del Golfo. Baudrillard).
  • En la democracia, un golpe toma Miraflores [Palacio de Gobierno de Venezuela]; en la mediocracia, toma una señal de televisión.
  • En la democracia, un golpe puede ser incruento; en la mediocracia, es televisivo…

Esto me llevó a un documental que también vi la semana pasada, titulado Teletiranía: la dictadura de la televisión en México, realizado por el Canal Seis de Julio (México) y transmitido estos días muy a propósito del caso de Aristegui. Dos cosas me llamaron profundamente la atención: unas cifras que indican que nueve de cada diez mexicanos ve Televisa (seis) y TV Azteca (tres). No he podido contrastar esas cifras, pero si entre los dos canales se repartieran el 70 % de la audiencia mexicana aún me parecería muchísimo, especialmente considerando que no hay otros canales o cadenas que le puedan hacer competencia.

Lo otro que me llamó la atención fueron las declaraciones de los dueños de ambas cadenas, creo recordar que a propósito del asesinato de Paco Stanley. Ambos exigían de manera muy vehemente la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, Jefe de Gobierno del DF de México en ese entonces. ¿Por qué estos dos señores, a quien nadie eligió, hacían tal exigencia a un hombre que, les gustara o no, había sido electo con el voto mayoritario de los mexicanos del DF? Sencillamente porque en la mediocracia los dueños de los medios tienen poder.

El mismo poder que exhibieron estos días al echar de Televisa Radio a Carmen Aristegui. Yo repudio ese hecho, como estoy seguro de que lo hace todo Mundo Abierto. Pero me alegra que vayamos entendiendo que las limitaciones a la libertad de expresión no vienen sólo de los gobiernos, sino del interior mismo de los medios de comunicación. Es un debate que no solemos dar, pero que nunca es tarde para comenzar.

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Sociedad Zombi: México es el segundo país del mundo más peligroso para los periodistas

Posted on 9 diciembre, 2007. Filed under: Catalina Gayà -Barcelona | Etiquetas: , , |

Por Catalina Gayà / Barcelona

Recordatorio y alarma: México es el país de Latinoamérica más peligroso para los periodistas de Latinoamérica. Así lo indica un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicado en octubre de este año. Por si esto fuera poco hay otro dato todavía más preocupante. Amnistía Internacional (AI) considera México como el segundo país más peligroso del mundo por detrás de Irak, un país en guerra. Según RSF, en un año, entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007, fueron asesinados ocho periodistas mexicanos y otros tres desaparecieron. Sin duda, 2006 fue un año fatídico para la profesión en todo el mundo: fueron asesinados 110 periodistas. Tanto RSF como AI han pedido a los Gobiernos democráticos que luchen contra esta lacra. De momento, parece que no hay resultados.

Recordatorio y tristeza: Aquí están algunos de los nombres de los periodistas asesinados o desaparecidos en México. No sé si son todos. Los he ido buscando por internet. La verdad es que espero que no haya más, pero lo dudo.

– El 8 de octubre del 2006, Guevara Guevara Domínguez, responsable de la edición digital del semanario Siglo 21, que se encontraba haciendo un reportaje en la frontera de los Estados de Durango (Norte) y Chihuahua, desapareció. Su cuerpo fue encontrado en un barranco en enero de este año.

– El 27 de octubre del 2006 Brad Will, camarógrafo de la agencia independiente Indymedia, murió asesinado en Oaxaca.

– El 10 de noviembre del 2006 apareció en un motel del Estado de Guerrero (Sur), el cuerpo de Misael Tamayo Hernández, director del diario regional El Despertar de la Costa

– El 16 de noviembre del 2006 apareció asesinado a cuchilladas en su apartamento de México, el exdirector del diario Excelsior, José Manuel Sánchez Nava.

– El 20 de noviembre del 2006, José Antonio García Apac, director del semanario Ecos de la Cuenca, desaparece en Michoacán.

– El 30 de noviembre del 2006 apareció el cadáver de Adolfo Sánchez Guzmán, de 31 años, colaborador del canal Televisa Veracruz y de la emisora Xhora Ori Estéreo 99.3 FM.

– El 8 de diciembre, asesinaron en la redacción a Raúl Marcial Pérez, editorialista del diario El Gráfico de Oaxaca.

– El 21 de diciembre murió a balazos Roberto Marcos García, subdirector del semanario Testimonio en el Estado de Veracruz (Este)

– En Yucatán, atentaron hasta cuatro veces contra el diario ¡Por Esto!

– Aunque no hubo asesinados, en San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo, estuvo acompañada de violencia y abusos sexuales cometidos con tres periodistas extranjeras.

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Lydia Cacho y las intermitencias de la Corte

Posted on 5 diciembre, 2007. Filed under: Makieze Medina -D.F. | Etiquetas: , , , , |

Karen Makieze Medina / Ciudad de México

“… creo fervientemente que México puede transformarse, que algún día habrá una real democracia; creo en el papel del periodismo como linterna del mundo, como un derecho de la sociedad para saber y entender; creo que los derechos humanos no se negocian. Aunque se diluyan nuestras historias individuales, los pequeños avances no desaparecerán. Mi caso no es el de una mujer, es el de un país. Y México es mucho más que un puñado de gobernantes corruptos, de empresarios ambiciosos y de criminales organizados” (Lydia Cacho, Memorias de una infamia: 2007)

Muchos sabremos quién es Lydia Cacho. Es en su esencia periodista, feminista y escritora… Es y vive muchas cosas más. La semana pasada tuvo una enorme injusticia.

En 2005 Lydia Cacho fue aprehendida sorpresivamente en Quintana Roo para ser trasladada a Puebla, estado donde el empresario, Kamel Nacif, la acusó por delitos de calumnia y difamación sobre su persona por la publicación de su libro “Los demonios del Edén”. En éste, Lydia va uniendo las hebras, entrelaza una historia fuerte donde presenta la existencia de una red de pornografía infantil y abuso de menores instalada en Cancún, red protegida por políticos, empresarios y poder judicial, entre ellos el empresario Kamel Nacif, el pederasta Succar Kuri y algunos políticos más.

Fueron veinte horas de traslado de Cancún para Puebla. Veinte horas que para cualquier persona que tema por su vida, por su integridad representarían un infierno, o por decirlo con sus palabras, una infamia, como titula su libro “Memorias de una infamia”. En estas horas, dentro de un vehículo con cuatro judiciales, la engañaron, agredieron, hostigaron y maltrataron hasta llegar a Puebla. De un lugar para otro, de una instancia para otra, sujeta a más molestias y abusos: amenazas de violación; presión para desligar a autoridades de violación contra sus derechos; revisión médica desnuda al lado de un cuarto lleno de policías y con una mampara transparente de por medio; y desde luego, una lista de irregularidades en el proceso judicial que enfrentaba.

En abril del 2006 el Congreso de la Unión pidió a la Suprema Corte de Justicia que ejerciera su facultad de atracción e investigara las presuntas violaciones a sus garantías individuales. La Corte aceptó y se creó una comisión investigadora que presidió en su segunda etapa el Ministro Meza Silva. Este hecho marcó una importante hito de la ciudadanía con esta instancia. Por primera vez en la historia de México se realizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una investigación de violación a las garantías individuales de una ciudadana y periodista. Segundo: la Corte tendría la oportunidad de dejar caer el peso moral y simbólico al poder sugerir sanciones a funcionarios públicos que salieran responsables; finalmente, la Corte podía fijar una resolución que atendiera la red que políticos y empresarios que delinquen con la pederastia.

A pesar de que el libro “Memorias de una infamia” se publica en octubre del 2007, un mes antes de conocer la resolución de la Corte, las expectativas de Lydia Cacho –transcritas al inicio de este post- no se cumplieron en su caso. El problema no fue el dictamen final que elaboró la comisión investigadora, sino la desactivación que algunos Ministros de la Corte hicieron de éste.

El dictamen era claro en lo fundamental: existió contubernio de autoridades para violar derechos fundamentales de Lydia Cacho. Esta violación implicó violar también el principio de la división de poderes entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial en el Estado de Puebla, y violar los principios del federalismo al demostrar que hubo conveniencia entre el estado de Puebla y el de Quintana Roo. Finalmente también reconocía los delitos de pederastia cometidos contra niñas y niños en México.

Como si se tratara de un campo minado, la semana pasada, cada uno de los argumentos fue siendo desactivado por seis de los once Ministros.

En la primera resolución decidieron eliminar del dictamen todo lo relativo al abuso sexual, redes de pederastia y pornografía infantil, al considerar que este asunto no tenía que ver con la investigación la violación a sus garantías individuales y la concertación de autoridades.

Los motivos son decepcionantes. El punto central era hacerle frente a la pornografía infantil, pederastia y explotación sexual para conocer la magnitud y gravedad del problema. Pero no. Para seis de los once Ministros, estos temas no fueron encomendados por el Congreso al mandato de la Corte y punto. La comisión se excedió al incluirlos.

No fue relevante para estos seis Ministros el considerar que en el dictamen, la fiscal especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres de la PGR; Alicia Elena Pérez, había señalado que Sucar Kuri, -el protegido de Kamel Nacif- es la cabeza de una red de trata de mujeres, turismo sexual y pederastia que ha operado en Quintana Roo, Baja California, Veracruz, Puebla, DF, Estado de México y Chiapas y que tiene conexiones internacionales. Todo ello no les habló de un problema mayúsculo de crimen organizado en nuestro país. No, les habló de un exceso al que ellos no pueden inmiscuirse.

Tampoco fue relevante para algunos Ministros entender que los estados implicados y la PGR reportaron para el dictamen 9 mil 85 casos de delitos sexuales cometidos contra menores. El argumento de descalificación estuvo en función de la falta de representación nacional. Es cierto que no fueron considerados todos los estados, pero más de nueve mil casos de diversos delitos sexuales son un problema contundente para el país. Pero en palabras del Ministro Anguiano “la Suprema Corte no es, ni puede, ni debe tratar de constituirse en un súper fiscal”. De manera que, para la Suprema Corte, nueve mil casos no son suficientes, ni son de su incumbrencia.

La segunda resolución que tomó la Suprema Corte por consenso el jueves pasado no deja de ser tan vil como la primera. Los mismos seis Ministros no aprobaron el dictamen que comprobaba que había existido contubernio de autoridades entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, el empresario Kamel Nacif y diversos funcionarios para violar las garantías individuales de Lydia Cacho. Ninguna prueba fue lo suficientemente contundente.

En el dictamen, la comisión investigadora pedía la responsabilidad para más de 30 funcionarios y ex-funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla y Quina Roo, que con Marín a la cabeza resultaron responsables.

La conocida grabación telefónica en febrero del 2006, del “Gober precioso” con Kamel Nacif, donde éste le agradece el gesto de “darle un coscorrón a la vieja cabrona”, es decir de mandarla a arrestar. Ésta era la única prueba en la que se podía imputar directamente al gobernador Marín contra Lydia Cacho, sin embargo no tuvo validez al ser conseguida de manera ilegal. Así que una conversación que reflejaba el tráfico de influencias, la manipulación de un empresario a un gobernador que le montó y prestó un aparato de Estado para su gusto y medida, no pudo ser considerada

El dictamen incorporó 131 expedientes para el juicio y 127 videos que contenían las declaraciones de las autoridades señaladas, con excepción del gober precioso que nunca rindió declaración. Incorporaron también las pruebas obtenidas por las 21 líneas telefónicas intervenidas, entre ellas las del Gobernador Marín, su esposa, Kamel Nacif, y muchos más, que les permitieron concluir a la comisión investigadora que tanto hubo concierto para que las autoridades violaran los derechos de Lydia, como hubo violaciones de derechos en prejuicio de otros menores de edad.

Las pruebas del entramado telefónico fueron refutadas argumentando que las comisiones investigadoras no pueden solicitar a la autoridad intervenir las líneas telefónicas por lo que no podían considerarse con valor probatorio

Uno de los puntos que más ofende la dignidad de una persona es el que no consideren el agravio que ha tenido. Los mismos seis Ministros determinaron que la trasgresión a las garantías de Lydia Cacho no fueron graves, ni leves. Lo más que hubo, para la Ministra Olga Sánchez, fue tortura psicológica. Para ella“estas violaciones podrían ser reparadas por otros medios y otras acciones judiciales”.

Esto significa que se negaron a aceptar la violación de garantías individuales de los artículos 14, 16 y 20 que garantizan a cualquier ciudadano el derecho a ser escuchado en los Tribunales antes de ser juzgado. En este caso, Lydia tenía el derecho de ser notificada antes de ser arrestada, el problema fue que nunca le informaron de la denuncia de difamación que le puso Kamel Nacif ante un Tribunal Electoral en Puebla.

Para algunos Ministros tampoco debió significar una violación a sus derechos el que la Titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Villena Martínez, admitiera que si no se le notificó fue para evitar que hiciera un escándalo (La Jornada, 22 de diciembre de 2005)

No fue una violación a sus derechos el que antes de salir de Cancún a Puebla le negaron el derecho de ver a su abogada, de hacer llamadas, de ver al médico legista por una bronquitis de la que se recuperaba y de llevar sus medicamentos.

Significa también que el operativo y el trasladado desproporcionados no fueron asuntos graves, como tampoco fueron graves un gran número de hechos a la que fue expuesta: una pistola a veces colocada en su boca, otras veces entre sus piernas, otras en su pezón. No es grave, ni extraordinario, y desde luego, para la Ministra Olga Sánchez puede ser reparado por otras formas. ¿Cuáles?

Frente a esta ola de violaciones seis Ministros la semana pasada votaron en contra del dictamen. ¿Se da un paso atrás? En mi opinión, sin duda. En esta ocasión creo que la Suprema Corte ha dejado pasar una oportunidad de oro. Ante la posibilidad de señalar objetivamente violaciones que recuperaran y restituyeran la justicia de las víctimas, señalaron subjetivamente niveles.

Ante la posibilidad de señalar claramente la corrupción y punir a funcionarios públicos con toda la fuerza que trajo la denuncia periodística de una ciudadana, por el contrario, se optó por desactivar las acusaciones en su contra. La recomendación que en el plano jurídico pudo dar la Corte para iniciar un juicio político contra el gobernador de Puebla, pasa al plano político donde es sabido que el juicio político que podría desatar el Congreso no sucederá. El cambio repentino de varios Ministros huelen a amarres, a acuerdos a cambio de impunidad. Ante el enfrentamiento de grandes y serios problemas sociales como la pederastia, se optó por ignorarla. Me quedo con la impresión que las élites optaron por seguirla viendo de lejos y bajo la óptica de las patologías personales, sin enfrentar las dimensiones que nos permitirían entenderla a complejidad.

Pienso que este lento, burocrático y dispar Estado de Derecho es aún endeble. Continúa siendo seducido por viejos vicios del sistema político local, donde un gobernador puede entrar como por ósmosis a mandar en otras esferas y niveles de gobierno sin ninguna barrera semipermeable. Veo en este retroceso que la máxima institución de Justicia, al ser tan poco flexible ante sus procedimientos y reglas, marca una tajante y excluyente división: a veces cumple las leyes y otras otorga justicia.

Qué lástima que en el caso Lydia Cacho la Corte no le haya otorgado justicia.

Aquí abajo un video de youtube.

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¿Medios de comunicación o partidos políticos?

Posted on 30 noviembre, 2007. Filed under: Domingo Medina -Caracas | Etiquetas: , , , |

Por Domingo Medina / Caracas

Los medios de comunicación de masas cumplen con la importantísima función de intermediación entre los pueblos y sus gobernantes. A los primeros hace conocer las políticas y decisiones que afectan sus vidas y a los otros las preferencias e inquietudes de los primeros. Eso es, como gustan decir los abogados, el deber ser. Pero como no siempre es así, desde hace algún tiempo para acá parece haber algún consenso en torno a ciertos límites para esa intermediación (por ejemplo, la mayoría está de acuerdo en que no se puede hacer apología del terrorismo), lo que ha generado un debate en torno al papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas.

El problema es que este debate lleva aparejado el de la libertad de expresión y las más de las veces los medios se las arreglan para diluir la discusión en este último punto. De ese modo, la discusión sobre los medios o las críticas que se le puedan hacer generalmente son presentadas como un ataque a la libertad de expresión. No vamos a afirmar aquí que los medios creen estar por encima de cualquier ley, constitución o normativa, que para ellos la libertad de expresión –su libertad de expresión- es absoluta y que en nombre de ella cometen algunos excesos, pero es bueno analizar algunos casos en los que los medios convierten la información en un arma política, para atacar sin pudor a quienes no gozan de su simpatía.

Como aquél que en la misa le dice al Cristo que una palabra suya bastará para sanarlo, a mí me basta reseñar el caso de El País, de España, analizado por Pascual Serrano:

“El recuento es abrumador, la edición de El País, del domingo 18 de noviembre dedicó a combatir a Chávez –todos los textos eran críticos contra el presidente venezolano-, tres llamadas en primera página, un artículo de análisis en Internacional, un reportaje a dos página completas en España, un artículo a cuatro columnas en Economía firmado en Teherán, uno de los dos editoriales, uno de los dos textos seleccionados entre la prensa extranjera, una página entera de Opinión de la firma más prestigiosa de su plantel y tres reportajes, desde tres países distintos, que ocupan un total de seis páginas completas del suplemento Domingo. Un ejemplo muy claro de dos cosas: de utilizar todos los hierros para enfrentar al presidente latinoamericano que más elecciones ha ganado y más apoyo electoral tiene del continente, y de que existe una impecable coherencia, coordinación y disciplina entre las diferentes secciones para y actuar a las órdenes que la dirección del diario marca.”

Un aspecto interesante de crítica de Serrano ha puesto de manifiesto que los medios no sólo se preocupan por su libertad de expresión; ahora han dado un paso adelante: lo del periodista español es también un ataque a la propiedad: le han exigido que pague por derechos de autor por usar una cita de Vargas Llosa. Claro, a El País le importa una mierda la libertad de expresión de Serrano. Ellos a lo suyo: atacar y cobrar.

Si eso es fuera de Venezuela, se pueden dar una idea de lo que sucede aquí con “nuestros medios”. Uno se sus momentos más sublimes fue durante el golpe de Estado de 2002 y los meses que lo precedieron. El papel de los medios estuvo muy alejado de esa intermediación de la que hablamos al principio. Joaquín Villalobos, profesor del Saint Antony’s College de Oxford y citado por Luis Britto García en uno de sus ensayos señala que aquí en Venezuela “la contradicción entre medios de comunicación y partidos, que es universal, se convirtió prácticamente en sustitución. Una emisora, periódico o canal de televisión es más importante que cualquier partido y los periodistas y reporteros sustituyeron a los activistas y a los políticos”.

Los medios no sólo instigaron a la población a rebelarse contra el gobierno de Chávez, haciendo pasar “suposiciones, opiniones o deseos por noticias” (Britto García), sino que auparon a los líderes, partidos y militares a actuar contra la constitución. Hoy atacan incesantemente al gobierno, acusándolo de actuar contra la democracia y de suprimir las libertades. Sin embargo, una vez consumado el golpe de 2002 y destituidos de sus cargos todos los magistrados del Tribunal Supremo, gobernadores de estado, diputados y demás representantes electos por voto popular, no tuvieron empacho en afirmar que “ha hecho bien el nuevo presidente Pedro Carmona Estanga en prescindir, de un plumazo, de estos esperpentos institucionales, devaluados ética y moralmente por la escasa gallardía con que sus representantes ejercieron el cargo” (Editorial del diario El Nacional del 13 de abril de 2002, citado por Britto García. Negritas y subrayado míos).

Yo estoy muy de acuerdo con que los ciudadanos pregunten y los gobernantes respondan, por muy fuertes que puedan ser las críticas y cuestionamientos. Con lo que no estoy de acuerdo es con que la democracia se convierta en excusa para actuar al margen de toda responsabilidad. La democracia y la libertad llevan implícitos, desde mi punto de vista, unos valores que de ningún modo pueden transgredirse sólo para satisfacer intereses muy particulares y concretos. Que Chávez no le guste a los dueños (y digamos que tampoco a los periodistas) de El País y de El Nacional, para poner sólo dos ejemplos, vaya y pase. Que estos medios utilicen su influencia –política, económica, mediática- para imponer sus preferencias políticas a la población sí que no. Menos aún si las vías que se escogen están reñidas con la democracia y las libertades que dicen defender.

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