La dignidad de la memoria

Posted on 20 noviembre, 2008. Filed under: Javier Távara -Madrid | Etiquetas: , , , |

Por Javier Távara / Madrid

 

Hace unas semanas, cenando con la familia política, mientras se asaban en la lumbre unos pimientos de Torquemada, la abuela Emilia tomó la palabra. La matriarca familiar, animada quizás por los últimos acontecimientos en España, por el delicioso vino rosado de Cigales o por el olor de los pimientos asados, se decidió a contarnos sin dramatismo el día que presenció los fusilamientos de los mozos de su pueblo.

 

A lomos de una mula, Emilia vio ese día de Julio de 1936 pasar a sus vecinos. Ella aún los recuerda por sus nombres: Zacarías, Anselmo, Miguel… iban arrestados por falangistas que les llevaban maniatados. Les condujeron junto a una tapia y ¡pum pum! Fueron fusilados. Emilia tiró las riendas de la mula y huyó al galope de la escena. El pueblo de Emilia, en la comarca del Cerrato, en el corazón de Castilla, contaba entonces con un centenar de vecinos. Lo peor estaba por llegar. Tres meses después, los falangistas tomaron presos a una veintena de varones. Mataron a 12 y enviaron a otros 8 a prisión, entre ellos al padre de Emilia, quien pasó algunos años en la cárcel. En el pueblo fueron pocos los que se libraron de la represión franquista. Los cuerpos de los asesinados fueron dejados en la cuneta del camino donde les acribillaron. Pocos días después, el alcalde fascista ordenó abrir una fosa en un campo de trigo y enterrarles allí. En esa fosa común permanecieron por siete décadas.

 

Durante la Guerra Civil, el Ejército Nacional y los falangistas repitieron esta misma escena numerosísimos lugares de toda la geografía española. Y los muertos han permanecido malamente enterrados en campos o cunetas. El bando Nacional, ganador de la Guerra Civil, recuperó a sus “mártires de la cruzada” llevándoles a los cementerios y escribiendo sus nombres en las piedras de las iglesias, de modo que los miles de personas que fueron asesinadas por los defensores de la República, están debidamente enterradas. Los muertos del bando perdedor no han corrido la misma suerte y millares de republicanos asesinados por los franquistas continúan desaparecidos.

 

En el año 2000, las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, empezaron a cumplir las últimas voluntades de los allegados de los represaliados. Gente mayor a la que le angustiaba la idea de morir sin sacar de la fosa común a sus familiares. De forma privada, con la ayuda técnica de arqueólogos, antropólogos, historiadores y médicos forenses se procedió a localizar las fosas, a cavar y a exhumar a los cadáveres con el fin identificarlos para darles una digna sepultura en el cementerio.

 

En pocos años se han recuperado del olvido más de cuatro mil cuerpos. Su labor tropezaba con autoridades poco interesadas en remover el lodo de la barbarie y estaba limitada a la ayuda desinteresada de profesionales. El Congreso aprobó hace un año la Ley de la Memoria Histórica que tenía entre otros fines, suprimir las trabas de las administraciones a la exhumación de represaliados durante la Guerra Civil.  No obstante el desarrollo de la Ley está tardando y varias asociaciones han optado por acudir a la judicatura a fin de que se les permita de una vez por todas recuperar a sus muertos.

 

No todos los familiares de los asesinados por los franquistas están de acuerdo en remover la tierra. En las afueras de Granada fueron a parar a una misma fosa el maestro republicano Dióscoro Galindo y los toreros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Sus familias llevan años intentando recuperar sus cuerpos, pero sus deseos han tropezado con los de la familia de un cuarto personaje fusilado y enterrado con ellos: el célebre poeta y dramaturgo Federico García Lorca. Ahora, tras la promulgación de la Ley,  los familiares del poeta han dado su brazo a torcer y aseguran que no se opondrán a la reapertura de la fosa.

 

Vista la lentitud del proceso, las Asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica, han optado por denunciar la detención ilegal de sus familiares y las denuncias han llegado a manos del más conocido de los magistrados de la Audiencia Nacional: el juez Baltasar Garzón. Tras hacerse mundialmente famoso por ordenar en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, el juez Garzón había sido criticado muchas veces por juzgar dictaduras latinoamericanas y no haber ordenado ninguna diligencia sobre la dictadura franquista. Garzón ha querido terminar con esas críticas abriendo una causa contra Franco y su régimen, dictaminando que su actuación durante la Guerra Civil Española y la posguerra constituye un genocidio en regla. Igualmente el juez imputa a las sucesivas Juntas Militares la desaparición forzada de 114.000 personas en el marco de un plan de exterminio. Entiende el juez que dichas actuaciones están excluidas de las Leyes de Amnistía de 1977 y que la desaparición forzada constituye un delito permanente no sujeto a la prescripción. Se identifica a los responsables y se solicita a los registros civiles la aportación de las partidas de defunción de Franco y otros mandos a fin de declarar extinta la responsabilidad penal. El juez dispone finalmente la autorización de las exhumaciones solicitadas por las Asociaciones.

 

El auto del Juez Garzón, declarándose competente para enjuiciar los crímenes del franquismo ha desatado una gran polémica. Javier Zaragoza, el fiscal jefe de la Audiencia ha recurrido el auto refutando uno a uno los argumentos de Garzón, entendiendo que no pueden juzgarse con el Código Penal vigente, hechos acaecidos hace siete décadas. La actuación del fiscal Zaragoza ha llevado a la paralización de las exhumaciones que se estaban llevando a cabo al amparo del auto del Juez Garzón. Ello ha llevado también a detener los trabajos preliminares para la reapertura de la fosa de Federico García Lorca.

 

Al menos, esta polémica no alcanzó a la fosa de los represaliados de la comarca del Cerrato. Hace un par de años, las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica obtuvieron los permisos municipales para exhumar los cuerpos de los vecinos allí asesinados. Con la ayuda de arqueólogos y médicos forenses, los muertos fueron sacados de la fosa y llevados al cementerio con un homenaje popular presidido por sus descendientes. También se editó un libro que resume el acto. La tapa lleva –como no- la bandera tricolor de la República y la abuela Emilia exhibe el librito con orgullo, en el lugar preferente de la estantería del salón de su casa. Sus amigos hoy descansan en paz, en el cementerio del pueblo.

 

Post scriptum

 

Hay noticias recientes en Madrid. El martes 18 de Noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado el traslado a los juzgados territoriales de las denuncias presentadas por las asociaciones para la investigación de las desapariciones forzadas durante el franquismo. En consecuencia serán los juzgados de las localidades donde se encuentran las fosas, los que decidirán si se procede a su reapertura.

 

Garzón ha optado por inhibirse tras declarar extinta por fallecimiento la responsabilidad penal de los responsables de los asesinatos, adelantándose así al pleno de la Sala de lo Penal que debía decidir dentro de diez días sobre la competencia de Garzón para juzgar los crímenes del franquismo, atendiendo al recurso del fiscal Zaragoza quien considera que la Audiencia Nacional no es competente para juzgarlos.

 

Serán entonces 62 juzgados territoriales los que deberán decidir la reapertura de fosas, lo cual ha causado verdadera decepción entre las asociaciones demandantes. Algunos juzgados optarán por la reapertura y muchos otros por darle carpetazo al asunto. La actuación de Garzón ha tenido al menos, el efecto simbólico de calificar judicialmente la naturaleza genocida del régimen franquista.

 

 

 

 

 

 

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8 comentarios to “La dignidad de la memoria”

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Javier,

Cuál fue la verdadera causa por la cual se inhibió Garzón? Lo pregunto, porque sigo el asunto sólo a través de la prensa. A lo mejor allí, en Espanya, hay otros canales de información. De todas formas, la retirada de Garzón ha caído mal en muchos círculos.

Un saludo desde Hungría,

Domingo

Y como olvidar a Jose Antonio Primo de Rivera

Domingo,

La razón verdadera sólo la sabe el juez Garzón, pero creo que la explicación puede encontrarse en la aritmética. El pasado 7 de noviembre el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional vio el recurso presentado por el fiscal Zaragoza sobre la competencia de Garzón. Entiende el fiscal que la Audiencia Nacional no es competente para atender las demandas y que son los juzgados territoriales los que deben decidir.

El pleno acogió las razones del fiscal y decidió por 10 votos contra 5 ordenar la paralización cautelar de la reapertura de fosas hasta que se resuelva si Garzón tiene o no competencia. (Dentro de unos días el pleno volverá a reunirse para resolver el recurso del fiscal)

Garzón debe haber tomado nota de que la mayoría de sus colegas magistrados se oponen a que continúe con el proceso y ha optado por inhibirse adelantándose a la resolución del pleno, en la que se resolvería que la Audiencia Nacional no tiene competencia y que se debe dar traslado a los juzgados territoriales. Con la inhibición, Garzón evita que sus colegas le ordenen dejar el caso.

Saludos desde Madrid.

Javi, cuando vivía por allá, recuerdo que había un fiscal general del Estado nombrado por Aznar que era asqueroso en cuanto que más que representar al Estado, representaba los intereses de la camarilla de Aznar y protegía a sus coleguillas, como en aquel caso de Gescartera que afectaba al ministro Rato.

Este fiscal de ahora, ¿quién lo nombró y por qué actúa así? ¿Es un remanente del aznarato? ¿Vehicula de alguna manera una resistencia en el zapaterismo a hurgar en el pasado? ¿O simplemente actúa conforme a lo que deben normalmente ser sus funciones?

Por otro lado, viene al caso mencionar que los falangistas vinieron a operar a América, colaboraron con agentes nazis para tratar de llevar a México a la guerra contra Estados Unidos y formaron milicias locales aquí que con el tiempo se reconvirtieron en organizaciones todavía activas.

Jorge Serrano Limón dice discrepar con Hitler porque sus matanzas son inaceptables para un cristiano. Pero de Franco nos dijo que había que juzgarlo con ojos de su tiempo, no de ahora, y que a él sí lo admiraba. A un genocida.

Es otro tío, Témoris. El amiguete de Aznar que te caía tan bien, era el Fiscal General del Estado Jesús Cardenal. En el tema que nos ocupa se trata del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, quien tiene una larga trayectoria anterior al aznarato.

Zaragoza mantenía una buena relación personal con Garzón, pero la causa contra los crímenes franquistas les ha enfrentado. Este fiscal entiende que Garzón se ha inventado este caso llevándolo a la Audiencia Nacional, que es donde se juzgan los delitos especialmente relevantes. Pero resulta que todos los acusados están muertos, pues los hechos ocurrieron hace siete décadas, por lo que Zaragoza entiende que allí no hay nada que juzgar y que la causa debe salir de la Audiencia. En cambio, Garzón entendía que había que atender desde allí la demanda de las asociaciones de encontrar a los asesinados. El Gobierno de Zapatero ha mirado hacia otro lado en este proceso con el manido argumento del respeto a las resoluciones judiciales.

Javier,

Y cómo ha quedado la imagen de Garzón tras la inhibición?

Conociendo la trayectoria de Garzón, el caso Pinochet, su efímera carrera política con el PSOE y su ruptura con el mismo, etc., me imagino que con sus dos posturas, la de retomar el caso de los crímenes de los nacionalistas y luego inhibirse con toda seguridad han dado mucho de que hablar.

Un saludo desde Hungría,

Domingo

Domingo,

Como te podrás imaginar, los del PP y sus medios de comunicación afines (la derecha heredera del franquismo) le han dicho de todo a Garzón. Le han puesto de prevaricador para arriba. Y las asociaciones demandantes, han asumido su inhibición con manifiesta amargura. El auto en el que se declaraba competente para juzgar los crímenes franquistas había llenado de expectativas a los demandantes que ahora vuelven a donde estaban, a tener que pedirle a los jueces locales autorización para abrir cada fosa. No obstante, se habla ya de los memorialistas como un movimiento social que continuará su batalla judicial incluso en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

Raquítico consuelo, pero consuelo al fin para los que sufrieron tanta injusticia.


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