Todos podemos participar

Posted on 10 noviembre, 2008. Filed under: Walter Duer -Buenos Aires | Etiquetas: , , |

Por Walter Duer / Buenos Aires

 

¿Un mundo en el que todos los ciudadanos sean parte de la toma de decisiones comprometidas y responsables en políticas de Estado? En una época en que la corrupción reina, esto suena a utopía. Utopía a la que el argentino Guillermo Worman ha sazonado con una pizca de realidad.

 

Que las principales decisiones políticas que afectan a las personas estén en manos de esas mismas personas y no de terceros “representantes” que se manejan según sus propios intereses. Esa fue la idea que motivó a Guillermo Worman, cuando el siglo XXI estaba dando apenas sus primeros pasos, a crear Participación Ciudadana, una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en asuntos de interés público relacionados con la dinámica democrática, como el libre acceso a la información o las herramientas de participación y decisión de la ciudadanía.

 

“Según los papeles, vivimos en un sistema representativo, republicano y federal”, dispara de entrada Worman. “De acuerdo nuestra visión, en cambio, el país no es ninguna de esas tres cosas”. Según el emprendedor social, no es representativo porque en ese caso, el político elegido debería acercarse a las personas que representa, escucharlas, conocer sus opiniones y decidir en consecuencia. “Lo que nosotros votamos no son representantes, sino delegados, porque delegamos el poder en ellos”, resalta Worman, quien aclara además que “entre otras metas, buscamos recomponer el divorcio que entre el pueblo y sus representantes, cada vez más profundos”.

 

Worman también apunta contra el término “republicano”. “El poder no lo ejerce el pueblo, sino que hay un Poder Ejecutivo que, cada vez más, utiliza al Poder Legislativo como una extensión de garantía de gobernabilidad”, despacha. “Para colmo, el incremento en la cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia durante el menemismo, que incorporó más que nada magistrados afines a las ideas del entonces presidente, mostró una clara tendencia a que suceda lo mismo con el Poder Judicial”.

 

Sobre el federalismo, Worman indica que “existe desde siempre un unitarismo sutil o camuflado, que tiene la forma de coparticipación”. La Coparticipación Federal de los recursos estatales constituye en la Argentina un sistema de distribución de una parte de los ingresos de la administración pública del país. Así, determinados impuestos son recaudados por la Nación y se distribuyen entre ésta y las administraciones provinciales, de acuerdo a distintos regímenes que varían en el tiempo, muchas veces de acuerdo a situaciones políticas determinadas o a las relaciones puntuales entre un presidente y un gobernador.

 

Reglas arbitrarias

 

La semilla que germinó en la cabeza de Worman se plantó en 1999. Guillermo trabajaba en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en la inserción laboral de personas con discapacidad. En ese momento, se relacionó con un joven no escolarizado con Síndrome de Down. “Cuando nos presentamos en una escuela pública para adultos, nos dijeron que no podían tomarlo, porque tenía que ir a una escuela especial”, recuerda Worman. “Por supuesto que nos negamos, porque nosotros justamente buscábamos lo contrario: la integración”.

 

La directora de la institución, entonces, acudió a una frase que suele ser inapelable: “tengo una ordenanza que indica que es así”. Para su mala suerte, enfrente tenía a Worman, quien no se amilana ante las sentencias taxativas. “Fui a pedir la copia de la ordenanza y de un lugar me mandaban a otro, pero el papel nunca aparecía”, explica.

 

Guillermo comenzó a recibir el asesoramiento de un abogado quien redactó una nota solicitando de manera formal la aparición de la ordenanza. “Es que fue una orden verbal”, le respondieron, sin notar tal vez que el abogado sabía que en la administración pública no existe tal cosa. Ante la insistencia, la directora del colegio le dijo: “bueno, puede venir a clase, pero sólo si también va a una escuela especial”. El abogado instó a que pusieran eso por escrito, pero los funcionarios de la institución educativa se negaron. “Con dos meses perdidos, los padres del chico decidieron exponerse a los medios para contar su caso y el abogado hizo una presentación legal advirtiendo que un funcionario público que niega el acceso a la educación a un ciudadano está incumpliendo sus tareas”, cuenta Worman.

 

El ruido generó, en definitiva, una nota de dos renglones autorizando al joven a asistir a clases. “El abogado me explicó que ahí había obrado una arbitrariedad: si antes no se podía y ahora sí, es porque alguien está decidiendo sobre la marcha, no porque hay una normativa funcionando”, agrega Worman, para sentenciar que “estaba con mucha bronca, porque en el fondo sólo se trataba de un joven con discapacidad que quería leer y escribir”. Por esa razón, siguió a fondo con la denuncia por discriminación contra el entonces Ministro de Educación fueguino, Francisco Alvarez.

 

“Todo quedó en la nada porque el juez al que le llegó la causa, Leandro Alvarez, tenía a su vez una denuncia del Consejo de la Magistratura, por lo que el destino de cada uno de ellos estaba en las manos del otro”, recuerda Worman. “Así, un viernes el Ministro votó en contra de la destitución del juez y el lunes el juez dictaminó la falta de mérito”. La noticia fue difundida por el diario La Nación del 13 de diciembre de 1999, con el título “Defensa mutua de un juez y un ministro”.

 

El momento de la acción

 

Esos hechos motivaron a Worman y un grupo de gente cercana a organizarse, dando vida a Participación Ciudadana. “El objetivo fue reunir a personas con conocimientos en áreas como salud, educación, comunicación, aspectos sociales y jurídicos para trabajar sobre tres ejes fundamentales: lograr una justicia independiente, que se promuevan leyes justas y que los gobernantes permitan la participación de las personas a las que supuestamente representan”, enumera el emprendedor social. Uno de los primeros puntos que investigó este grupo fue el mecanismo de selección de jueces.

 

En 2001, la organización coordinó el proceso de  elaboración de la Carta Orgánica de Ushuaia (2001) que fue un hito en la historia de Tierra del Fuego y el puntapié inicial para que Participación Ciudadana iniciara el trabajo de contribuir a la reglamentación de nuevas formas y sistemas de participación. La ciudadanía participó de la elaboración de la totalidad de las ordenanzas aprobadas hasta la fecha, cuyo caso emblemático es la eliminación de la “lista sábana” (esas presentaciones de políticos a elecciones donde aparece una cara reconocida para el cargo más importante y una interminable lista de gente debajo, sobre los cuales los votantes no tienen la posibilidad de elegir o descartar a uno por uno) y la realización de la primera audiencia Pública de la historia de la ciudad de Ushuaia, propuesta por una organización de la sociedad civil.

 

“Planteamos que las sesiones del Consejo de la Magistratura sean públicas y definimos un método de selección objetivo de jueces”, recuerda Worman.

 

La información como eje esencial

 

Desde el principio, Participación Ciudadana trabajó con la provincia y los municipios en tres grandes temas: el acceso a la información pública, la publicación de los actos de gobierno y los mecanismos de rendición de cuentas.

 

Sobre el primer ítem, Worman asegura que “no se trata de un fin, sino de un medio”. Para el emprendedor social, la meta a alcanzar es la mayor participación por parte de los ciudadanos, algo que no puede ser posible si estos no cuentan con la información: cuáles son las leyes y las ordenanzas que existen, para que la gente sepa de qué se tratan y cómo pueden utilizarlas en su beneficio.

 

Respecto del segundo punto, la idea de Worman y de su asociación es exponer los contratos, las designaciones de personal. “Que cada ciudadano pueda responder a preguntas que van desde cuánto paga el Estado por un litro de leche hasta cuánta gente tiene contratada”, explica. Hablando del tercero de los pilares, Worman sólo agrega que “si es mi representante, tiene que rendirme las cuentas, así de sencillo”.

 

¿Cómo se puede lograr esto? De a poco, “analizando la estructura de poder de cada ciudad, de cada municipio y de cada provincia y manejando cada caso de forma diferente”, señala Worman. En Tierra del Fuego pasaron de no informar nada respecto de contrataciones ni acuerdos en 2005 a tener todos los datos dispuestos en una completísima página web en la actualidad. ¿Qué pasó en el medio? Una acción legal propuesta por Participación Ciudadana que llegó hasta el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de la provincia y que dio como ganador a la organización de la sociedad civil.

 

“Es un camino que tiene como llegada la erradicación de vicios”, grafica Worman. “La sociedad civil es un sector, no un poder, por lo que lo único que tiene a su alcance es la posibilidad de ‘subir la valla’ de control a sus representantes”. Para ejemplificar esto último con términos directos, Worman agrega: “si quien ostenta el poder quiere robar, hacer que sea lo más dificultoso posible y si quiere tomar medidas arbitrarias, que deba pagar un alto costo político”. Guillermo no sólo pisó fuerte en Tierra del Fuego sino que, además, logró replicar el modelo en quince ciudades de la Patagonia y en sectores de Santiago del Estero y de Tucumán.

 

A quién le importa

 

La principal barrera que sufre el proyecto de Worman es, paradójicamente, lo que debería ser su fortaleza más poderosa: la gente. “Existe un fuerte desinterés y es nuestro desafío cotidiano generarlo”, explica el ideólogo de Participación Ciudadana. “Hoy la política no enamora ni quiere enamorar, para que haya menos ojos –define-. Hay interés, pero en que la gente tenga menos interés, así se rinden menos cuentas”.

 

¿Cómo lograr, en este contexto, que el pueblo sienta curiosidad por cosas de las que cada vez está más distanciado? Una forma es hablar directamente en términos de bolsillo. “Cuando accedemos, por dar un ejemplo, al presupuesto que un hospital tiene destinado para comprar gasas, averiguamos cuánta gasa compró y cuánto pagó por ella y mostramos la cantidad real de gasa que podrían haber adquirido a precio de mercado, siempre llamamos la atención”, apunta Worman.

 

Según el experto, se debe cambiar la conducta colectiva en dos aspectos: en el hecho de que los dirigentes están acostumbrados a que la gente no participe y en que las mismas personas están habituadas a no hacer escuchar su voz. La capacitación cívica es una de las herramientas principales para voltear este impedimento. “Muchas veces, basta con que una persona sepa que si va a un hospital público y no la quieren atender, alcanza con pedir a quien sea responsable del lugar que ponga eso mismo por escrito para comenzar a accionar contra esa institución y hacer respetar los derechos según las leyes”, explica el emprendedor.

 

El propio Worman sostiene que “la construcción del interés se hace uno a uno: cuando un ciudadano puede decir ‘participé y me fue bien’, ya genera la curiosidad de participación entre quienes los rodean”.

 

¿Adónde apunta todo el proyecto, en definitiva? A cambiar las reglas del juego, a generar un nuevo orden y nuevas leyes, a renovar los métodos. “Las reglas son funcionales al sistema que pretendemos cambiar, por lo que todo se hace más difícil –agrega Worman-. Buscamos entonces un conjunto nuevo de normas que apunten a que el pueblo tenga cada vez más poder”. Guillermo concluye que “muchos querrán hacer creer que esto es caos o anarquía, pero se trata tan solo de un nuevo orden ciudadano”.

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2 comentarios to “Todos podemos participar”

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Nuevo y necesario para enfrentar el terrible problema que enfrentamos todos los que no conocemos a fondo nuestros derechos y estamos expuestos a arbitrariedades por falta de dinero y conocimiento.

Walter,

muy intereante e ilustrativo tu post. La gobernanza es un elemento muy importante en la democracia actual y que se deber tener en cuenta. pero este proceso requiere de una mayor ciudadanía (como sinónimo de conocimientos de los derechos y deberes) y de una mayor participación ciudadana.

Aquí en Hungría esta gobernanza ha tenido lugar: la participación ciudadana en las decisiones políticas ha contribuido a derogar leyes de asuntos nacionales muy importantes que no fueron discutidas en la sociedad. Me refiero a la privatización de hospitales públicos, a la introducción del pago de matrícula universitaria, etc. Mediante el referendum y el apoyo de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, se logró revocar estas leyes. Pero para ello, como bien ilustras, se necesita mucha conciencia ciudadana. Es una tarea ardua, pero que con toda seguridad llegará a buen lugar.

Ánimos y éxitos a los colegas y amigos argentinos,

Un saludo desde Hungría,

Domingo


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