Lydia Cacho y las intermitencias de la Corte

Posted on 5 diciembre, 2007. Filed under: Makieze Medina -D.F. | Etiquetas: , , , , |

Karen Makieze Medina / Ciudad de México

“… creo fervientemente que México puede transformarse, que algún día habrá una real democracia; creo en el papel del periodismo como linterna del mundo, como un derecho de la sociedad para saber y entender; creo que los derechos humanos no se negocian. Aunque se diluyan nuestras historias individuales, los pequeños avances no desaparecerán. Mi caso no es el de una mujer, es el de un país. Y México es mucho más que un puñado de gobernantes corruptos, de empresarios ambiciosos y de criminales organizados” (Lydia Cacho, Memorias de una infamia: 2007)

Muchos sabremos quién es Lydia Cacho. Es en su esencia periodista, feminista y escritora… Es y vive muchas cosas más. La semana pasada tuvo una enorme injusticia.

En 2005 Lydia Cacho fue aprehendida sorpresivamente en Quintana Roo para ser trasladada a Puebla, estado donde el empresario, Kamel Nacif, la acusó por delitos de calumnia y difamación sobre su persona por la publicación de su libro “Los demonios del Edén”. En éste, Lydia va uniendo las hebras, entrelaza una historia fuerte donde presenta la existencia de una red de pornografía infantil y abuso de menores instalada en Cancún, red protegida por políticos, empresarios y poder judicial, entre ellos el empresario Kamel Nacif, el pederasta Succar Kuri y algunos políticos más.

Fueron veinte horas de traslado de Cancún para Puebla. Veinte horas que para cualquier persona que tema por su vida, por su integridad representarían un infierno, o por decirlo con sus palabras, una infamia, como titula su libro “Memorias de una infamia”. En estas horas, dentro de un vehículo con cuatro judiciales, la engañaron, agredieron, hostigaron y maltrataron hasta llegar a Puebla. De un lugar para otro, de una instancia para otra, sujeta a más molestias y abusos: amenazas de violación; presión para desligar a autoridades de violación contra sus derechos; revisión médica desnuda al lado de un cuarto lleno de policías y con una mampara transparente de por medio; y desde luego, una lista de irregularidades en el proceso judicial que enfrentaba.

En abril del 2006 el Congreso de la Unión pidió a la Suprema Corte de Justicia que ejerciera su facultad de atracción e investigara las presuntas violaciones a sus garantías individuales. La Corte aceptó y se creó una comisión investigadora que presidió en su segunda etapa el Ministro Meza Silva. Este hecho marcó una importante hito de la ciudadanía con esta instancia. Por primera vez en la historia de México se realizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una investigación de violación a las garantías individuales de una ciudadana y periodista. Segundo: la Corte tendría la oportunidad de dejar caer el peso moral y simbólico al poder sugerir sanciones a funcionarios públicos que salieran responsables; finalmente, la Corte podía fijar una resolución que atendiera la red que políticos y empresarios que delinquen con la pederastia.

A pesar de que el libro “Memorias de una infamia” se publica en octubre del 2007, un mes antes de conocer la resolución de la Corte, las expectativas de Lydia Cacho –transcritas al inicio de este post- no se cumplieron en su caso. El problema no fue el dictamen final que elaboró la comisión investigadora, sino la desactivación que algunos Ministros de la Corte hicieron de éste.

El dictamen era claro en lo fundamental: existió contubernio de autoridades para violar derechos fundamentales de Lydia Cacho. Esta violación implicó violar también el principio de la división de poderes entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial en el Estado de Puebla, y violar los principios del federalismo al demostrar que hubo conveniencia entre el estado de Puebla y el de Quintana Roo. Finalmente también reconocía los delitos de pederastia cometidos contra niñas y niños en México.

Como si se tratara de un campo minado, la semana pasada, cada uno de los argumentos fue siendo desactivado por seis de los once Ministros.

En la primera resolución decidieron eliminar del dictamen todo lo relativo al abuso sexual, redes de pederastia y pornografía infantil, al considerar que este asunto no tenía que ver con la investigación la violación a sus garantías individuales y la concertación de autoridades.

Los motivos son decepcionantes. El punto central era hacerle frente a la pornografía infantil, pederastia y explotación sexual para conocer la magnitud y gravedad del problema. Pero no. Para seis de los once Ministros, estos temas no fueron encomendados por el Congreso al mandato de la Corte y punto. La comisión se excedió al incluirlos.

No fue relevante para estos seis Ministros el considerar que en el dictamen, la fiscal especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres de la PGR; Alicia Elena Pérez, había señalado que Sucar Kuri, -el protegido de Kamel Nacif- es la cabeza de una red de trata de mujeres, turismo sexual y pederastia que ha operado en Quintana Roo, Baja California, Veracruz, Puebla, DF, Estado de México y Chiapas y que tiene conexiones internacionales. Todo ello no les habló de un problema mayúsculo de crimen organizado en nuestro país. No, les habló de un exceso al que ellos no pueden inmiscuirse.

Tampoco fue relevante para algunos Ministros entender que los estados implicados y la PGR reportaron para el dictamen 9 mil 85 casos de delitos sexuales cometidos contra menores. El argumento de descalificación estuvo en función de la falta de representación nacional. Es cierto que no fueron considerados todos los estados, pero más de nueve mil casos de diversos delitos sexuales son un problema contundente para el país. Pero en palabras del Ministro Anguiano “la Suprema Corte no es, ni puede, ni debe tratar de constituirse en un súper fiscal”. De manera que, para la Suprema Corte, nueve mil casos no son suficientes, ni son de su incumbrencia.

La segunda resolución que tomó la Suprema Corte por consenso el jueves pasado no deja de ser tan vil como la primera. Los mismos seis Ministros no aprobaron el dictamen que comprobaba que había existido contubernio de autoridades entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, el empresario Kamel Nacif y diversos funcionarios para violar las garantías individuales de Lydia Cacho. Ninguna prueba fue lo suficientemente contundente.

En el dictamen, la comisión investigadora pedía la responsabilidad para más de 30 funcionarios y ex-funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla y Quina Roo, que con Marín a la cabeza resultaron responsables.

La conocida grabación telefónica en febrero del 2006, del “Gober precioso” con Kamel Nacif, donde éste le agradece el gesto de “darle un coscorrón a la vieja cabrona”, es decir de mandarla a arrestar. Ésta era la única prueba en la que se podía imputar directamente al gobernador Marín contra Lydia Cacho, sin embargo no tuvo validez al ser conseguida de manera ilegal. Así que una conversación que reflejaba el tráfico de influencias, la manipulación de un empresario a un gobernador que le montó y prestó un aparato de Estado para su gusto y medida, no pudo ser considerada

El dictamen incorporó 131 expedientes para el juicio y 127 videos que contenían las declaraciones de las autoridades señaladas, con excepción del gober precioso que nunca rindió declaración. Incorporaron también las pruebas obtenidas por las 21 líneas telefónicas intervenidas, entre ellas las del Gobernador Marín, su esposa, Kamel Nacif, y muchos más, que les permitieron concluir a la comisión investigadora que tanto hubo concierto para que las autoridades violaran los derechos de Lydia, como hubo violaciones de derechos en prejuicio de otros menores de edad.

Las pruebas del entramado telefónico fueron refutadas argumentando que las comisiones investigadoras no pueden solicitar a la autoridad intervenir las líneas telefónicas por lo que no podían considerarse con valor probatorio

Uno de los puntos que más ofende la dignidad de una persona es el que no consideren el agravio que ha tenido. Los mismos seis Ministros determinaron que la trasgresión a las garantías de Lydia Cacho no fueron graves, ni leves. Lo más que hubo, para la Ministra Olga Sánchez, fue tortura psicológica. Para ella“estas violaciones podrían ser reparadas por otros medios y otras acciones judiciales”.

Esto significa que se negaron a aceptar la violación de garantías individuales de los artículos 14, 16 y 20 que garantizan a cualquier ciudadano el derecho a ser escuchado en los Tribunales antes de ser juzgado. En este caso, Lydia tenía el derecho de ser notificada antes de ser arrestada, el problema fue que nunca le informaron de la denuncia de difamación que le puso Kamel Nacif ante un Tribunal Electoral en Puebla.

Para algunos Ministros tampoco debió significar una violación a sus derechos el que la Titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Villena Martínez, admitiera que si no se le notificó fue para evitar que hiciera un escándalo (La Jornada, 22 de diciembre de 2005)

No fue una violación a sus derechos el que antes de salir de Cancún a Puebla le negaron el derecho de ver a su abogada, de hacer llamadas, de ver al médico legista por una bronquitis de la que se recuperaba y de llevar sus medicamentos.

Significa también que el operativo y el trasladado desproporcionados no fueron asuntos graves, como tampoco fueron graves un gran número de hechos a la que fue expuesta: una pistola a veces colocada en su boca, otras veces entre sus piernas, otras en su pezón. No es grave, ni extraordinario, y desde luego, para la Ministra Olga Sánchez puede ser reparado por otras formas. ¿Cuáles?

Frente a esta ola de violaciones seis Ministros la semana pasada votaron en contra del dictamen. ¿Se da un paso atrás? En mi opinión, sin duda. En esta ocasión creo que la Suprema Corte ha dejado pasar una oportunidad de oro. Ante la posibilidad de señalar objetivamente violaciones que recuperaran y restituyeran la justicia de las víctimas, señalaron subjetivamente niveles.

Ante la posibilidad de señalar claramente la corrupción y punir a funcionarios públicos con toda la fuerza que trajo la denuncia periodística de una ciudadana, por el contrario, se optó por desactivar las acusaciones en su contra. La recomendación que en el plano jurídico pudo dar la Corte para iniciar un juicio político contra el gobernador de Puebla, pasa al plano político donde es sabido que el juicio político que podría desatar el Congreso no sucederá. El cambio repentino de varios Ministros huelen a amarres, a acuerdos a cambio de impunidad. Ante el enfrentamiento de grandes y serios problemas sociales como la pederastia, se optó por ignorarla. Me quedo con la impresión que las élites optaron por seguirla viendo de lejos y bajo la óptica de las patologías personales, sin enfrentar las dimensiones que nos permitirían entenderla a complejidad.

Pienso que este lento, burocrático y dispar Estado de Derecho es aún endeble. Continúa siendo seducido por viejos vicios del sistema político local, donde un gobernador puede entrar como por ósmosis a mandar en otras esferas y niveles de gobierno sin ninguna barrera semipermeable. Veo en este retroceso que la máxima institución de Justicia, al ser tan poco flexible ante sus procedimientos y reglas, marca una tajante y excluyente división: a veces cumple las leyes y otras otorga justicia.

Qué lástima que en el caso Lydia Cacho la Corte no le haya otorgado justicia.

Aquí abajo un video de youtube.

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15 comentarios to “Lydia Cacho y las intermitencias de la Corte”

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El caso de Lydia Cacho, relatado de manera magistra por Makieze, nos demuestra que las relaciones entre medios de comunicación y política no es unidimensional. En varios posts, pero especialmente en el del viernes pasado, yo he insistido en estudiar los casos en los que los medios convierten la noticia en un arma que arrojan a políticos (en general) y ellos mismos se convierten en actores políticos. El caso de Lydia Cacho, con todo el agravante del entramado de delitos sexuales, muestra todo lo contrario: cómo los políticos pervierten su ejercicio y se pueden poner al servicio de los más viles intereses y violentar los derechos de quien lo denuncia.

Gracias por poner en perspectiva el caso, Makieze. Como ciudadano, resulta imposible no sentirse indignado y ultrajado por el perfecto cinismo, la poca vergüenza y la absoluta ausencia de ética que acaban de ostentar con su fallo 6 de los 10 ministros de la scjn. Uno está obligado a preguntarse, ¿para qué se les paga? ¿Para qué, si además de desangrar al erario con jugosos sueldos (3 millones 709 mil 521 pesos anuales para el ministro presidente Ortiz Mayagoitia), se venden al mejor postor en detrimento de todos los valores por los que juraron al asumir sus cargos? Hay que hacer algo. En México está la marcha del 16. Yo ya he circulado la información y varios amigos me han dicho que irán. Yo voy a proponer una réplica de la protesta en la embajada de París para ese mismo día. Irnos sobre los 6 jueces vendidos mediante el escarnio público, la divulgación de sus argumentos y evidenciar lo que ganan por no hacer el trabajo que les toca puede sentar un buen comienzo para algo más importante, ¿no creen?
Saludos.

Algunos comunicadores dicen que ganó el derecho pero perdió la justicia. Los abogados sabrán si eso es cierto o no, o polemizarán sobre el asunto. Lo cierto es que después de leer el texto de Makieze y la versión estenográfica de la discusión que tuvieron los ministros de la Corte me queda absolutamente claro que LOS SEIS VERDUGOS DE LA JUSTICIA se ciñeron a una hipótesis carente de toda lógica: la de “las violaciones solitarias de derechos humanos”.
En esa sesión del jueves 29 de noviembre, el ministro Góngora Pimentel, para acreditar que hubo concierto de autoridades para violentar las garantías individuales de Lydia Cacho, dijo que uno de los principios del derecho romano era que “los superiores responden por las acciones de los inferiores”. Lanzó este argumento para rebatir a quienes señalaban que quizá los policías que detuvieron a Lydia en Quintana Roo y que posteriormente la trasladaron habían violado sus derechos humanos, o que quizá los carceleros de Puebla no se portaron tan bien, o que quizá se pusieron de acuerdo las autoridades de ambos estados con mandos policiales y empleados de los tribunales de Puebla. Quizá, quizá, quizá. O que probablemente todo ello era cierto: que todos violentaron las garantías de la periodista pero que, decían, no se podía probar que el Góber Precioso había dado la instrucción de que lo hicieran.
(La llamada telefónica entre Mario Marín y Kamel Nacif lo acredita, pero la grabación no pudo ser usada como prueba porque fue obtenida ilegalmente)
La investigación del ministro Silva Meza acredita un entramado telefónico que demuestra que antes, durante y después de la detención de Lydia se llevaron a cabo una serie de llamadas que van de la oficina del secretario particular de Mario Marín Torres (ahora sabemos que su desafortunado segundo nombre es Plutarco) a diversas autoridades estatales: de la procuraduría, de los tribunales de justicia, de la policía. Y que hubo acuerdos fuera de la ley entre los gobiernos de Puebla y Quintana Roo. ¿Qué secretario particular habla a motu proprio con altos mandos de gobierno?
Los argumentos de los ministros Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo demuestran que Mario Marín (ahora sabemos que su desafortunado segundo nombre es Plutarco) concertó con diversas autoridades que la autora de “Los demonios del Edén” y “Memorias de una infamia” recibiera una tanda de “coscorrones”. Violaciones a sus derechos humanos, pues.
Pero Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela y Sergio Valls consideraron que no se podía acreditar el concierto de autoridades ni la violación a las garantías individuales de la periodista.
El Plutar Precioso no responderá, al menos por ahora, por las acciones de sus inferiores, ni por las propias. Triste mensaje el que enviaron los seis ministros de la vergüenza: los políticos que atropellan los derechos humanos pueden seguir gobernando; y los ciudadanos que demandan justicia tienen que andar por la vida acompañados por guardias de seguridad para que los políticos (y empresarios) mafiosos no hagan otra de las suyas.
¡Eso indigna!

Este es, a mi juicio, el argumento más cínico que se presentó durante la sesión de la Corte:

Ministro Sergio Aguirre Anguiano:
“Para mí no existe probado, con prueba idónea, en la especie, que la señora Cacho haya sufrido violación grave de sus garantías individuales. Reconozco ante todo su derecho de escribir lo que le plazca, de publicar lo que le plazca, reconozco que no podrá haber acciones penales hoy por hoy en contra de ella si calumnia, en el caso de que lo haga, pero lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que le pasó. Fue aprehendida en Quintana Roo, eso es cierto; fue trasladada a Puebla con agentes judiciales varones, esto es cierto, cuando menos está debidamente probado; fue, se dice, con posterioridad seguida por una intimidante camioneta blanca marca Liberty; bueno, depende del ánimo de la persona, hay quien se puede intimidar con una bicicleta, una camioneta, o con un tráiler, para mí esto carece de significación”

Hola Frausto: La fórmula es ingeniosa, pero es falaz. ¿Cómo puede ganar el derecho y perder la justicia, cuando lo que persigue el derecho es la justicia? Otra cosa es que se tuerzan las leyes con un letrísmo interesado, pero no hace falta ser un abogado para apreciar la enormidad de la injusticia y la terrible jurisprudencia que asienta. El argumento de Aguirre Anguiano está para patearlo. Dicen que Ortiz Mayagoitia se carcajeó cuando descubrió el resultado de la votación (¿se acuerdan de la Roqueseñal?) y las dos ministras se retractaron (¿habrán recibido una llamada diciéndoles “va p’atrás, mamita”?). Creo que hay que tomarles la palabra a los ministros cuando dicen que los juzguemos por sus argumentos. Mientras más se difundan estos, más animadversión cosecharan aquéllos. Hay en las versiones estenográficas y en el último libro de Lydia Cacho algunas frases de los 6 preciosos de la corte que son verdaderas joyas de la inmundicia ética. Habría que mandar a hacer calcomanías y t-shirts citándo esas ‘joyitas’ para someterlos al escarnio público. Marín será intocable por ahora, pero el mote de ‘gober precioso’ y el aura de cómplice de pederastas no se lo quita nadie, y ese es un triunfo moral de la sociedad.

Hay una carta que circula recogiendo firmas. Los que quieran entrarle manden su nombre, n° de credencial de elector ocupación o institución a:
expresionpublica@gmail.com
El texto de la carta:
“La decisión de la Corte (SCJN) que avala la impunidad, la corrupción de Mario Marín, y la red de pornografía y pederastia
¡Simplemente no la aceptamos!
Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Valls Hernández, Guillermo Ortiz Mayagoytia: su fallo arrasa con todo sentido de justicia. ¡es una vergüenza!
Los firmantes protestamos y exigimos su renuncia.
Demandamos alto a la impunidad y justicia para Lydia Cacho.
Diciembre 2007”

Nombre y firma – Credencial de elector o institución

Hola a todos: el caso de Lydia Cacho es, si lugar a dudas, indignante. Hace unos años yo me planteaba si existía una democracia real en México y la verdad tenía mis dudas. Creo que el resultado del este caso demuestra que ni los políticos ni los abogados –creo que aquí es irrelevante si el derecho ha ganado porque creo que las personas hemos perdido– están a la altura de los mexicanos ni trabajan para la existencia de un país democrático donde los derechos y la liberad reexpresión sean respetados. No se ha hecho justicia ni a Lydia Cacho ni a los y las menores abusadas. Lydia Cacho documenta en Los demonios del Edén una red de pederastia espeluznante. Cuando lees el libro, acabas enferma. Creo firmemente que esta era una oportunidad para demostrar que las cosas están cambiando en México. No se ha logrado en la esfera política. Quizá las manifestaciones que todos podamos organizar sean un grito que les demuestre que los ciudadanos, sean o no mexicanos, ya no estamos dispuestos a que están cosas pasen. Yo intentaré reunir gente en Barcelona. En el 2002, viajé a Cancún para seguir el caso del Niño Verde, no sé si se acuerdan del tema, y varias periodistas de La Voz del Caribe ya estaban alertando que esa red existía impunemente en Quintana Roo. En ese momento, el Niño Verde hizo que yo no prestara atención. Lástima. Ahora recupero las libretas y maldigo mi falta de sensibilidad o de tiempo o mi ignorancia. Salgamos a la calle el 16 de diciembre estemos donde estemos. Como mínimo que se note que a los ciudadanos sí que nos importa la justicia.

Leo sus comentarios y la ira crece. Más y más argumentos que carecen de toda ética, comprensión hacia miles de niños y niñas abusados y hacia una mujer que desde su trinchera como periodista realizó un trabajo profesional para denunciar a una red de mafiosos.

Quién realmente cree lo que dice Olga Sánchez Cordero, que a pesar de que reconoció que hubo tortura psicológica contra Cacho, negó que por sus libertades constitucionales de expresión y opinión, hayan sido motivo de inquisición judicial o administrativa.

¿Quién le cree después de la llamada de Kamel y el gobernador de Puebla?

¿Quién creería que no hubo un ánimo vengativo del empresario por el libro de “Los demonios del Edén” cuando queda constancia en otras llamadas que la torturará hasta volverla loca?

Quién cree que Nacif no es pederasta ni está involucrado cuando hay llamadas de él diciéndole al otro pederasta de Surcar que le pagará 2 mil dólares por llevarle a una niña?

¿Quién le cree cuándo hay más de 100 denuncias de acoso sexual de costureras que trabajaron con él?

¿Quién cree que Lydia calumnió y difamó a Kamel?

Lydia ya ganó los dos juicios contra Kamel y nadie pudo desmentirla ¿Por qué? Porque toda la información que presenta en su libro está respaldada por documentos oficiales, declaraciones directas de las víctimas e incluso por grabaciones de video y voz en poder de peritos expertos de las autoridades judiciales.

Y esta parte es importante. A pesar de que Lydia ganó los dos juicios contra Kamel, si como periodista fue víctima de este proceso es porque hay leyes que lo permiten. No sólo basta un empresario vengativo porque han puesto a la luz su pederastia. No sólo basta un gobernador servil que ofreció la Procuraduría y el Poder Judicial de su Estado por dos botellas de cognac. No sólo basta un Poder Judicial estatal tibio, sin autonomía, sin freno ante los mandatos arbitrarios de un gobernador. NO sólo es eso. Se necesiten leyes anacrónicas, como las que hay en México, para que el significado de una difamación proceda. Si difamar bajo el código de Puebla consiste en “comunicar a una persona o más personas, la imputación que se le hace a otra, física o jurídica, de un hecho cierto o falso, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien”. El mensaje de nuestras leyes es que: LA VERDAD EN LA DIFAMACIÓN ESTÁ DE MÁS.

Un periodista o cualquier ciudadano puede estar denunciando con el poder de la libertad de expresión los casos más siniestros, verdaderos, documentados, pero si la parte acusada se siente desprestigiada o deshonrada, le cae un juicio. No puede seguir siendo así. El desprestigio, la deshonra, el descrédito es una consecuencia de los actos. Además, las emociones, las subjetividades no pueden desatar un juicio para hacer callar a una persona, ni tendrían que intimidar o colocar en duda el derecho a ejercer su libertad de expresión.

Una persona puede sentirse deshonrada por las cosas que se le antojen. Pero el derecho no puede ser tan extensivo a las subjetividades. No hay pa donde, si a un pederasta le sacan sus trapitos al sol, a pesar de ser un abusador de menores, puede sentirse desprestigiado, herido, traicionado y mal querido por sus víctimas, bla, bla, bla. El problema es que el Estado sea consecuente ante las emociones. Porque de seguir así un violador en prisión o en proceso también puede sentirse desprestigiado, aún cuando sea violador. Roberto Madrazo ante la publicación de los medios de que hizo trampa en la carrera en Alemania evitándose unos cuántos kilómetros, pudo sentir su ego herido y entonces demandar a los medios porque esas publicaciones dañan su imagen, aún cuando sean ciertas.

¿Por qué no pensar en opciones? Pienso que hay dos situaciones que modificar: una, es que no se podría aceptar que proceda un delito de difamación contra alguien si el que pretende iniciar el juicio no puede comprobar que todo lo que se ha dicho de él es falso. (¿Qué pruebas otorgó Nacif que desmintieran los delitos que se le imputan?) Dos: la difamación no puede estar sujeta a la interpretación de los jueces, es decir no pueden ellos interpretar si existió o no dolo para publicar o manifestar lo que se ha dicho de una persona. Deben ser las pruebas los únicos medios que deberían contemplarse para el dolo.

Chava preguntó ¿Cuál es el peor de todos los argumentos? Sinceramente no lo sé.

El Ministro Anguiano cuando el caso de Lydia fue pasado a la Suprema Corte –que a mi juicio representa un avance fundamental y carga un simbolismo fuerte por ser mujer y periodista- se atrevió a decir: “Si miles de personas las torturan en este país ¿de qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?”

Al igual que Manuel creo importante que podamos transcribirlos para que no se olviden y puedan ser grabados en las entrañas de una sociedad que se indigna, que se mueve.

No somos, ni seremos inmunes ante tanta arbitrariedad.

Me da un coraje solo recordar todo el asunto, dan ganas de recordarles su 10 de mayo a todos esos políticos de mier… coles, y lo peor es q ellos andarán tan tranquilos.

[…] Checa además el debate sobre el tema en este blog, ¡haz clic aquí! […]

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yo creo que no existe probado, con prueba idónea, en la especie, que la señora Cacho haya sufrido violación grave de sus garantías individuales.
lo que si creo es que con todo este ruido y escandalo que ha hecho la sra. Cacho se ha hecho bastante publicidad, por que muchos nos preguntamos de donde salio lidia cacho, le sirvio para poder vender su libro, y seguir ganando a costa de las costillas de quien le siguen el juegito, mi punto de vista es que ya realmente se ponga a trabajar y deje trabajar a los que estan trabajando, si Kamel es un pederastas, que la justicia lo castigue y que ella se deje de estar haciendo publicidad a costilla de los demás, el gobernador de Puebla, esta haciendo un excelente trabajo y lo que es cierto la mayoria de los habitantes poblanos estamos contentos con eso.
realmente es un gobierno que esta dando buenos resultados.

Sra.Lidia Cacho y sus seguidores ponganse a trabajar como nosotros tenemos que hacerlo para comer honestamente y dejen de estar sacando dinero a costa de mentiras.
y mas mentiras, y sobre todo de estar haciendo espionaje por que desde el momento en que Lidia presenta esas nefastas cintas, si es que son ciertas es que ella paga para obtenerlas, deje de sobornar realize su trabajo limpio Sra Cacho. por que de escrito y reportera no tiene nada. ….

Desentrañar la basura… Provoca que la palabra “dignidad” no exista.
ABUSO a niña-o s, a una mujer, a una periodista, no sólo pide sensibilidad sino JUSTICIA – FIN – DERECHO AL RESPETO DE SER HUMANO.
Lydia reproducir la realidad tiene un VALOR UNIVERSAL, FUERZA MUCHA FUERZA.


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